Extracto de la nota en Lanacion:
Días atrás, en una de sus apariciones públicas luego de conocerse la confirmación por la Corte Suprema de su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández expresó que se había impuesto un “cepo al voto popular”. Agregó que ese cepo no había sido causado “por este triunvirato de impresentables”, en referencia a los jueces de la Corte que firmaron el fallo y a quienes también calificó como “tres monigotes”, señalando que “responden a mandos naturales, muy por arriba de ellos”. Vale decir, los jueces de la Corte serían empleados de esos “mandos naturales”, sin independencia para resolver según sus propios criterios.
No es que estas palabras sorprendan, viniendo de quien vienen. Durante el gobierno del que Cristina Fernández fue vicepresidenta, el Poder Ejecutivo anunció que impulsaría el juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema, basado principalmente en el contenido de ciertas sentencias contrarias a los gustos de aquella. Con impulso presidencial se formó en el seno de la Cámara de Diputados una comisión investigadora que citó a declarar a empleados y funcionarios de la Corte, a quienes se les preguntó sobre cuestiones atinentes a la circulación de causas y a los tiempos de demora en cada vocalía. Hacia fines de 2023 se les formularon a los jueces supremos cargos concretos de “mal desempeño”, y quedaron así habilitados a responder a esas infundadas acusaciones en un plazo de diez días. Todo eso, se sabe, significó una enorme tarea de desgaste para el Alto Tribunal y sus colaboradores. Ese desgaste, además, era claramente lo buscado pues los propulsores de ese juicio político sabían que jamás se obtendría la mayoría necesaria para impulsar una acusación formal en la Cámara de Diputados.
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